Familias piden ayuda a ediles para recuperar sus predios en Cofadena

Tras 12 años de angustia, impotencia y gastos de recursos en los estrados judiciales, un grupo de las 270 familias de la urbanización Guabirá en la UV 33 y UV 34 del D2 de Montero (hoy, barrio Cofadena-Guadalupe II) llegaron hasta al Concejo Municipal para solicitar a los ediles que los ayuden a recuperar sus terrenos que en 1983 fueron adquiridos legalmente al Ministerio de Defensa con documentación, pagos al banco y planos catastrales.

SENTENCIA Y TOMA ILEGAL

El pedido se debió a que el 20 de diciembre de 2011, los propietarios fueron objeto de un violento avasallamiento de sus predios, por parte de unas 80 personas que ingresaron con palos, machetes, tumbaron las bardas y derribaron las viviendas, cortaron mallas y los alambrados de las divisiones de los terrenos, según, se detalla en la denuncia de los afectados.

También exigen que la Policía Nacional cumpla la Sentencia Constitucional Plurinacional 2481/2012 para el desapoderamiento de los avasalladores y protestaron contra el concejal Santiago Valenzuela Arévalo (MAS) a quien acusan de aparentemente haber liderado esa toma ilegal.

Mientras un grupo de familias protestaban afuera del ente legislativo con pancartas, megáfonos y hacían reventar potentes petardos, el representante de las familias, Raúl Villalba, presentaba en audiencia los documentos de derecho propietario de las familias que durante 12 años han deambulado en busca de justicia.

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL

Villalba presentó el registro de propiedad del inmueble en Derechos Reales con las partidas computarizadas de las UV 33 y UV 34, pruebas del pago de impuestos a la Alcaldía de Montero.

Asimismo, presentó una certificación del 12 de marzo de 2012 del director del Plan Regulador, José Imbar Zegarra, donde señala que, revisado los archivos de esa repartición, la UV 33 y UV 34 se encuentran en la urbanización Cofadena debidamente aprobada en 1998 y comprendida dentro de la mancha urbana de Montero.

También exhibió el Plano Director de 2009 de la ciudad de Montero donde se encuentran las UV 33 y UV 34, “pero en el Plano Director de 2014, las dos UV fueron desafectadas del plano”, denunció Villalba. En ese marco, el representante de las familias señaló que la presencia de los afectados fue para solicitar ayuda al Concejo Municipal, que el Comando Departamental de la Policía cumpla con la orden de desapoderamiento de los ocupantes que conformaron el barrio Cofadena-Guadalupe II.

EL CONCEJO PIDIÓ INFORME

Por su parte, el edil Santiago Valenzuela, que participó de la sesión ordinaria vía virtual, negó las acusaciones vertidas por las familias al señalar que tiene 30 demandas por ese tema. En ese marco, pidió al titular del ente deliberativo, Willan Perales, sostener una reunión técnica con los concejales y el Ejecutivo para explicar técnicamente lo sucedido en el barrio Cofadena.

Tras escuchar las posiciones de los concejales, el titular del Concejo sometió a votación para que el Ejecutivo envíe una Petición de Informe Escrito (PIE) donde detalle por qué el 2014 las UV 33 y 34 fueron sacadas de la homologación de la mancha urbana y cómo se reestructurará la ampliación de la mancha con las UV en conflicto.

Perales indicó que el Ejecutivo debe presentar todos los documentos históricos existentes en la dirección del Plan Regulador y en la dirección de Catastro de la Alcaldía. El pedido fue aprobado por los 10 concejales de los 11 que conforman el ente legislativo.

PRINCIPAL
Pedido. Las familia llegaron hasta el Concejo Municipal a protestar contra la Policía Nacional por no cumplir la orden de desapoderamiento contra los loteadores
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